Desalinizadoras impulsadas por reactores nucleares o kilométricas tuberías: las estrategias para que los texanos no se queden sin agua

De un lado está Georgetown, la ciudad de más rápido crecimiento en Estados Unidos por tres años consecutivos. Del otro, tres ciudades más pequeñas que se encuentran sobre el acuífero Carrizo. ¿Y la disputa? Un proyecto de mil millones de dólares para construir un acueducto subterráneo de unos 120 kilómetros que lleve hasta 89 millones de galones de agua cada día desde el acuífero hasta la urbe en rápida expansión, a coste, dicen las tres ciudades, del suministro local. Este es solo uno de un puñado de proyectos similares que ilustran cómo los texanos están intentando adaptarse con proyectos creativos y ambiciosos antes de que sea demasiado tarde y se queden sin agua; y también un buen ejemplo de que no es una tarea sencilla.

Aunque en temas hídricos los tiempos que se manejan son más largos y, por tanto, la situación podría parecer menos crítica de lo que es, el agua en Texas es cada vez más escasa por una persistente sequía que amenaza con agudizarse en paralelo al calentamiento global: se calcula que el suministro se reducirá un 18% en los próximos 45 años y un 32% solo en las fuentes subterráneas, las más importantes. En el mismo tiempo, se proyecta que la población del Estado aumente en un 73%. Esto naturalmente aumentará la demanda. A simple vista, las cuentas no dan.

En el actual periodo legislativo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, declaró el agua como elemento de emergencia, lo cual significa que las leyes propuestas sobre temas hídricos tendrán prioridad en el Congreso estatal. Varias crearían un nuevo marco para el manejo hídrico en el Estado, estableciendo comités del agua para supervisar la financiación y promover la inversión de nuevos proyectos, además de asignar 1.000 millones de dólares públicos anuales para impulsarlos. La primera de estas leyes ya ha pasado de manera unánime y se espera que las demás tengan el mismo futuro.

El enfoque principal es crear nuevas fuentes de agua, impulsando proyectos de desalinización, plantas de tratamiento y nuevos embalses. El impulsor de la propuesta que ya ha sido aprobada, el senador Charles Perry, resumió la situación a la que se enfrenta Texas: “Hemos desarrollado toda el agua barata, y todos los frutos fáciles de recoger se han obtenido”. Las opciones que quedan, se entiende entonces, serán caras y difíciles de desarrollar.

La desalinización, precisamente un método muy costoso, es considerada una de las soluciones más prometedoras. Texas tiene acceso a grandes cantidades de agua salada del Golfo de México, pero también a reservas de agua salobre natural y a aguas residuales extremadamente saladas que se producen tras la extracción por fracking de petróleo y gas natural. Para 2030, se recomienda que Texas produzca unos 220 millones de metros cúbicos de agua de mar desalinizada al año, según el último plan hidrológico estatal. Suficiente para abastecer a un poco más de un millón de texanos por un año. La idea es aumentar esa cifra sustancialmente.

Uno de los proyectos más llamativos involucra el uso de una nueva planta de energía nuclear para, aprovechando las altísimas temperaturas del reactor, desalinizar las enormes cantidades de agua salada que se generan con la producción de hidrocarburos por fracking. Según la Texas Public Policy Foundation, cada barril de petróleo producido genera también cinco barriles de aguas residuales que son varias veces más saladas que el agua del mar. De acuerdo a varios reportes, un reactor que está en construcción en la Universidad Cristiana de Abilene por la empresa Natura Resources, producirá energía limpia y también agua limpia para irrigación. El proyecto, que tiene apoyo estatal, permitiría aprovechar millones de galones de agua tóxica que ahora se inyectan bajo tierra por sus altísimos niveles de sal, aunque la viabilidad económica del proyecto no está tan clara.

Otra problemática en el abastecimiento de agua en Texas proviene de los consistentemente bajos niveles en las fuentes superficiales, las cuales incluyen 15 ríos, varios lagos y más de 180 embalses. Todos estos se ven afectados por el cambio climático que ha exacerbado una sequía que lleva ya cinco años, reduciendo el reabastecimiento y al mismo tiempo evaporando la poca agua acumulada.

Aquí también está englobada la disputa que Estados Unidos tiene con México sobre el cumplimiento de un acuerdo de 1944 en el que cada país asegura la entrega de miles de millones de metros cúbicos de agua a través de los ríos y embalses que comparten. En el último periodo de entrega, México ha estado muy por debajo de lo acordado y la situación ha escalado hasta tal punto que el jueves el presidente Donald Trump amenazó a su vecino al sur con aranceles y sanciones por incumplir.

El CILA México ya había dado a conocer que el país no podrá cumplir con la entrega comprometida al vecino del norte debido a la grave sequía que afecta al Estado de Chihuahua y a la región norteña, que impide que se transfieran los millones de metros cúbicos de agua prometidos. La situación es crítica. Las represas Amistad (Coahuila) y Falcón (Tamaulipas), que son importantes para el cumplimiento del tratado, se encuentran al 21% y 12% de su capacidad, respectivamente.

Pero además de los problemas de origen en las fuentes hídricas, Texas también está perdiendo enormes cantidades de agua por fugas y roturas en el sistema de tuberías del Estado. Un informe de 2022 del Texas Living Waters Project, una coalición de grupos ecologistas, calculaba que los sistemas de abastecimiento de agua de Texas pierden al menos 705 millones de metros cúbicos al año —unos 51 galones de agua por conexión doméstica o comercial cada día—, suficiente para cubrir las necesidades municipales anuales totales de Austin, El Paso, Fort Worth, Laredo y Lubbock juntas.

Las nuevas leyes propuestas también buscan solucionar este problema, otorgando fondos estatales para las reparaciones, que hasta ahora caían sobre los hombros de localidades más pequeñas y con presupuestos mucho más limitados. Sin embargo, todavía se está debatiendo si es más importante priorizar el mantenimiento o la explotación de nuevas fuentes hídricas, donde también se incluyen proyectos de tratamiento de aguas grises. Muchas tuberías en el Estado tienen más de 100 años y, al estar normalmente bajo tierra, los daños son muy difíciles de detectar y los arreglos son costos y lentos. Todo esto ha hecho que históricamente estas obras de mantenimiento se dejaran de lado, creando el panorama actual.

El marco legal a nivel estatal también complica el manejo del agua. En Texas el agua subterránea pertenece al dueño del terreno y puede ser explotado y vendido como un bien, igual que el petróleo o el gas, pero su uso está regulado y las administraciones deben encontrar un balance entre el derecho a la propiedad y la protección del recurso. En cambio, las aguas superficiales pertenecen al Estado, y para acceder a ellas se necesita un permiso de la agencia medioambiental estatal. Solo hay ocho otros Estados que tienen este sistema paralelo.

El caso del proyecto del acueducto subterráneo de Georgetown es un ejemplo perfecto. Los desarrolladores tienen todo el derecho a explotar el acuífero y a vender esa agua a quienes quieran. Pero al extraer más agua de ese acuífero, los niveles se reducirán más rápidamente de lo previsto y tanto las localidades que están sobre la reserva hídrica como la que está al final de los 120 kilómetros de tubería se verán más cerca de la escasez severa, aunque los plazos no son nada claro. Mientras tanto, los proyectos de desalinización avanzan lento y su capacidad de abastecimiento sustancial está todavía por verse.