El negocio de las adopciones ilegales en Chile no es una historia (solo) de la dictadura

Jocelyn Koch Aguilera y su madre, Jacquelin Aguilera Betanzo, están sentadas en una mesita del café del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Santiago, el centro dedicado a los desaparecidos de la dictadura de Augusto Pinochet. La mesita está completamente cubierta por documentos legales, tres carpetas de más de 500 páginas con informes, declaraciones y órdenes judiciales. Jocelyn y Jaquelin, como las mujeres que salieron a la calle a protestar durante el régimen militar, también buscan a un desaparecido. Pero en este caso no tiene que ver con la dictadura, los vuelos de la muerte o los centros clandestinos de tortura: las dos mujeres buscan a Kevin, el hermano menor de Jocelyn, a quien vieron por última vez en 2004, cuando fue dado en adopción.

Desde hace años, las dos mujeres denuncian las numerosas irregularidades ocurridas durante la adopción del niño. Todo comenzó en 2003, cuando Jaquelin, en un momento de profunda dificultad económica y personal, solicitó dejar temporalmente a sus dos hijos menores, Jocelyn y Kevin, que en ese momento tenían 6 y 2 años, en un hogar, mientras ella buscaba trabajo y una vivienda más estable. Jaquelin había sido durante años víctima de violencia intrafamiliar y se acababa de trasladar a Concepción desde Santiago, después de que su última pareja comenzara a consumir drogas. “No podía mantener a mis hijos, así que dejé su cuidado temporalmente al Estado, pero nunca pensé que esta decisión implicaría la adopción de mi hijo”, dice hoy la mujer de 61 años.

Jaquelin esperaba que los dos niños pudieran ser acogidos en el mismo hogar, pero fueron separados: la mayor, Jocelyn, fue enviada al SOS de Lorenzo Arenas, mientras que Kevin, de solo 2 años, fue confiado al hogar Arrullo, ambos en Concepción. “En el caso de Kevin siempre fue diferente”, recuerda Jaquelin. “Cada vez que iba a verlo, lloraba desesperadamente diciendo que quería volver a vivir conmigo y que no quería estar en el hogar. El psicólogo y la trabajadora social que seguían nuestro caso me decían constantemente que no era capaz de criar a mi hijo”. Cosas que no sucedían en el hogar al que había sido enviada Jocelyn.

El hogar Arrullo en 2011 estuvo en el centro de un gran escándalo – también fue investigado por una comisión investigadora de la Cámara de Diputados en 2013 – después de que un reportaje de una emisora chilena revelara una serie de maltratos contra menores que ocurrían dentro de la residencia. Apenas Kevin ingresó al hogar, Jaquelin fue incluida en un programa de ocho meses en el que una pareja compuesta por una trabajadora social y un psicólogo la seguirían para tratar de ayudarla y evaluar sus capacidades como madre. En los documentos recolectados por Jaquelin y Jocelyn figura el registro de las visitas al hogar, donde se muestra que la mujer iba a ver a su hijo regularmente, al menos una vez a la semana. Luego, de repente, cuenta Jaquelin, un día de 2004 fue al hogar y una de las trabajadoras le comunicó que el niño había sido declarado susceptible de adopción y que había sido llevado junto a otros dos niños en un auto blanco. Sin embargo, la madre asegura que no había recibido ninguna notificación formal sobre la decisión tomada por la justicia chilena.

Desde ese momento, no supo nada más de su hijo; allá donde iba, le respondían que no sabían nada y la mujer cayó en una feroz depresión, de la que le costó salir. A pesar de que Kevin fue dado en adopción porque el Estado chileno no la consideraba apta para criar hijos, en 2010 su hija Jocelyn dejó el hogar donde residía y fue nuevamente confiada a su madre. “¿Por qué el Estado chileno le quitó un hijo, considerándola no apta para ser madre, si luego fue considerada apta para criarme a mí, solo 6 años después de que Kevin fuera dado en adopción?”, se pregunta. Desde el momento en que Jocelyn sale del hogar, va a todas partes con su madre en busca de su hermano: las dos mujeres tocan todas las puertas, incluso van al aeropuerto para tratar de averiguar si fue adoptado por una pareja extranjera.

Después de muchos intentos, lograron localizar al psicólogo que había seguido el caso de Kevin en el hogar Arrullo, quien les dijo que lo olvidaran, que Kevin está bien. Incluso le aconsejó a la madre que acudiera “a un psiquiatra para superar la situación”.

Sobre la pila de documentos que las dos mujeres han recopilado a lo largo de los años y que testimonian las irregularidades ocurridas durante el proceso de adopción, hay una foto enmarcada de Kevin; en ese retrato es un niño sonriente y, más de 20 años después, para Jocelyn y Jaquelin, Kevin sigue teniendo esa apariencia: no saben cómo ha crecido hoy, no saben si está vivo o muerto. Para ellas, Kevin es esa imagen cristalizada en el tiempo. Jocelyn, que hoy tiene 27 años, tiene un tatuaje en el antebrazo: es ella y su hermano, de espaldas, abrazándose. “Yo solo quiero que él sepa que es mi mayor tesoro y que nunca dejaré de buscarlo, mientras viva”, susurra conmovida.

20.000 adopciones ilegales

Hace casi una década en Chile estalló un gran escándalo, que se ha convertido en un caso internacionalmente conocido, sobre 20.000 adopciones realizadas durante los años de la dictadura de Pinochet. La estimación es del magistrado que en 2017 abrió la primera carpeta, Mario Carroza, en la actualidad ministro de la Corte Suprema. La justicia chilena y una brigada de la PDI – la policía investigativa del país – han estado investigando el tema durante años. Sin embargo, debido a una importante reforma de la justicia ambos equipos solo se ocupan de los casos ocurridos hasta 2004, y las denuncias relacionadas con los años posteriores se derivan –por separado– a Carabineros o al Ministerio del Interior. Por lo tanto, no existe una entidad pública chilena que investigue las denuncias de adopciones irregulares ocurridas en los últimos 20 años, reuniéndolas en un solo grupo. Por la misma razón, tampoco existen cifras oficiales sobre cuántas denuncias se han presentado desde 2004, y la justicia nunca ha investigado para hallar patrones comunes o imputar a presuntos responsables.

En los últimos años, no obstante, se han presentado decenas de denuncias públicas sobre adopciones ilegales ocurridas en Chile, en diversas localidades del país, con niños que en la mayoría de los casos han sido adoptados por parejas europeas. Durante esta investigación hemos recopilado decenas de denuncias de adopciones ilegales ocurridas en el país, con casos que llegan hasta 2024. Adopciones ocurridas en plena democracia y siempre gestionadas por el Sename, el Servicio Nacional de Menores, la entidad estatal chilena que maneja todo lo relacionado con los menores, incluida la adopción. El Sename ha estado durante años en el centro de enormes controversias debido a las numerosas irregularidades detectadas en su gestión.

El caso más grave conocido es el de los horribles abusos que sufren los menores en las residencias gestionadas por la entidad, un escándalo que salió a la luz tras la publicación de una investigación realizada por la PDI en 2017, en la que se descubrió que en el 100% de los 240 hogares investigados, los menores habían sufrido abusos: un total de 2.071, de los cuales 310 de connotación sexual. Y cada año en Chile estallan nuevos escándalos relacionados principalmente con redes de prostitución infantil, en las que los responsables de los hogares obligan a los menores bajo su custodia a prostituirse, según muchas de las denuncias presentadas por los padres a la PDI y divulgadas por medios locales.

Aunque el sistema de adopciones en el país ha sufrido profundas revisiones y mejoras desde la época de la dictadura, hay anomalías y modus operandi que parecen ser siempre los mismos, desde los años setenta hasta el día de hoy. Las familias de origen siempre son pobres y, a menudo, se trata de madres solteras provenientes de áreas marginales. A los padres no se les notifica la susceptibilidad de adopción de los hijos, se les prohíben arbitrariamente las visitas en los institutos y los niños son dados en adopción al extranjero, sin verificar previamente la presencia en el país de otros familiares que pudieran hacerse cargo del niño, como lo estipula la ley. Sin contar que hay institutos que, a pesar de estar bajo investigación por parte de la PDI y de la justicia chilena y tener en su haber decenas de denuncias desde los años setenta, siguen siendo acreditados por el Estado.

La presunta adopción ilegal de Kevin fue denunciada en 2020 ante el fiscal competente por Patricia Muñoz, abogada chilena que fue designada como primera Defensora de la Niñez del Estado chileno desde 2018 hasta 2023 y que hoy declara: “He denunciado varios casos de adopción irregular y me han señalado muchos otros. Eran procesos completamente viciados en los que los padres biológicos no tenían ninguna posibilidad de recuperar la custodia de sus hijos. Familias que no fueron absolutamente ayudadas por el Estado y que supieron sólo posteriormente que sus hijos habían sido dados en adopción”. Entre 2010 y 2020, el 70% de los niños chilenos que fueron adoptados fuera del país, fueron adoptados por familias italianas. Italia y Estados Unidos son los dos países que más adoptan a escala mundial, pero en Chile el primer lugar lo tienen claramente los italianos: son siete los institutos italianos acreditados, de los cuales cinco están operativos actualmente.

Entre 2010 y 2020, según los datos proporcionados por el Sename, un total de 4.512 niños fueron dados en adopción en Chile, de los cuales 844 fueron adoptados por parejas extranjeras. Los países que adoptaron niños chilenos entre 2010 y 2020 fueron España, Dinamarca, Australia, Estados Unidos, Bélgica, Nueva Zelanda, Suecia, y los países que recibieron más niños fueron Italia, Noruega y Francia. Pero el número de niños adoptados en Italia fue claramente superior en esos 10 años: entre 2010 y 2020, 587 menores llegaron a Italia, mientras que en Noruega llegaron 95 y en Francia 91.

Entre los casos analizados a lo largo de esta investigación, hay varios en los que mujeres que acudieron al Estado en busca de protección, denunciando el maltrato sufrido por parte de su pareja. En lugar de ser ayudadas, sufrieron el arrebato de sus hijos. Es el caso de Giannina Riccardi, que hoy tiene 32 años, y a quien -tras denunciar violencia doméstica- en 2018 le quitaron la custodia de su hija, Ignacia, que posteriormente fue dada en adopción.

Durante años, Giannina denunció los abusos que la niña sufrió en el hogar y las irregularidades que se producían durante el proceso y en 2020 creó la página de Facebook Madres Desesperadas, donde recopiló cientos de denuncias que se habían producido en todo el país. Ignacia fue dada en adopción cuando tenía siete años por el hogar Nido de Hualpén, que fue cerrado después de que varios padres denunciaron una red de pedofilia que pagaba al personal para abusar de los menores. “Hice todo lo que me pidió el juez para recuperar a mi hija”, recuerda hoy Giannina. “Encontré un trabajo mejor, dejé a mi pareja abusadora, arrendé una casa más grande’, continúa. “Pero después de que la dieran en adopción intenté suicidarme varias veces, una vez me tiré desde el cuarto piso de mi edificio. Pasaba por delante de la habitación de Ignacia y el dolor de no verla en su cama me destrozaba”.

En 2014, otra madre también denunció públicamente la adopción ilegal de sus hijos, encadenándose frente a la catedral de Puerto Aysén, iniciando una huelga de hambre y recogiendo decenas de testimonios de otras madres con casos similares en su región. Se llama Yohanna Oyarzo, tiene ahora 41 años, y en 2011 sus tres hijos Gabriel, Benjamín y Erick, que entonces tenían respectivamente 5, 4 y 2 años, le fueron arrebatados y posteriormente dados en adopción a una pareja francesa, pese a las protestas de la madre que -según denunció- había hecho todo lo que le habían requerido los tribunales en los meses previos para recuperar la custodia de sus hijos. La adopción de los hijos de Yohanna fue llevada a cabo por el hogar Eleonora Giorgi de Puerto Aysén, un orfanato dirigido por la hermana Augusta Pedrielli, prima lejana del famoso tenor italiano Luciano Pavarotti, quien financió la compra del terreno donde se levanta el hogar, cerrado en 2015 tras decenas de denuncias después de la huelga de hambre de Yohanna.

La hermana Augusta confirmó a EL PAÍS que compró el terreno gracias a la donación de Pavarotti. Cristina Pavarotti, hija del tenor, también confirma el contacto entre su padre y Augusta Pedrielli entre el 1989 el 1990 y que su padre “decidió enviar tres incubadoras y zapatos para los niños”. “Al mismo tiempo aunque no encontré documentos acerca de la donación de dinero que permitió adquirir el terreno, la considero probable. Al mismo tiempo puedo decir que los contactos entre la hermana Augusta y mi padre se limitaron a ese lapso de tiempo”, agregó

Yohanna aún recuerda las horas y los días de las visitas, y denuncia que sus hijos sufrían malos tratos y que uno de ellos le había contado que había sufrido abusos sexuales por parte de una niña mayor que él durante su estancia en el hogar. “No pasa un día sin que piense en mis hijos”, dice hoy Yohanna. “Es un dolor que nunca acabará, solo puedo seguir adelante porque tengo la esperanza de que algún día podré volver a abrazarlos”.